Preguntas habituales2019-02-10T19:12:54+00:00

Preguntas habituales

La modificación de la capacidad de obrar (también llamada incapacitación) y la designación de cargos tutelares para proteger a las personas que, a causa de enfermedades o de discapacidad, no pueden gestionar solas sus asuntos, se efectúa mediante un procedimiento judicial especial, con la participación de la propia persona afectada y de su familia, la aportación de pruebas forenses y el contacto directo con el juez. Será la autoridad judicial la que determinará si es necesaria o no la protección por parte de un cargo tutelar, el alcance y los límites que tendrá dicho cargo y quien debe ejercerlo.

La primera opción del juez, si es necesario tutor o curador, debe ser la designación de un familiar, pero, si no lo hay, la familia renuncia o el juez considera que no está en condiciones de ejercer el cargo de acuerdo con las necesidades de la persona que debe protegerse, puede optar por entidades tutelares.

Un tutor es el representante legal de la persona tutelada en lo que dicte la sentencia, excepto en los actos relativos a derechos de la personalidad y los que esa persona pueda realizar de acuerdo con la capacidad natural.

El tutor debe:

  • Cuidarle y procurarle alimentos, si los recursos económicos no bastan.
  • Garantizar su bienestar moral y material, respetando los deseos que la persona tutelada exprese de acuerdo con la capacidad natural.
  • Hacer todo cuanto sea necesario para favorecer la recuperación de la capacidad e inserción social o, si esto no es posible, prevenir el empeoramiento y mitigar consecuencias.
  • Puede establecer el lugar de residencia de la persona tutelada.
  • Pedir autorización judicial para una serie de actos (art. 222-43).
  • Presentar inventario de los bienes en los dos primeros meses de tutela y rendir cuentas e informar de la situación personal de la persona tutelada anualmente.

No. El juez también puede determinar una curatela o una defensa judicial.

El curador no tiene la representación de la persona en curatela y se limita a complementar su capacidad, excepto en caso de que la sentencia confiera funciones de administración patrimonial ordinaria de determinados aspectos.

Los actos realizados sin la asistencia del curador, si es necesario, son anulables a instancia del curador o de la persona en curatela en el plazo de cuatro años a partir del inicio de la curatela.

En esta institución de protección, el curador no es responsable civil subsidiario directamente de los actos de la persona en curatela.

Se trata de un cargo tutelar transitorio para defender los derechos y los intereses de la persona que es sujeto del procedimiento judicial. Se puede dar durante el procedimiento judicial si la persona afectada no comparece por ella misma en el procedimiento.

También puede suceder que, existiendo un cargo tutelar vigente, se ponga de manifiesto un conflicto de intereses entre tutor y persona tutelada (por ejemplo, durante una partición de herencia entre hermanos, uno de los cuales es tutor del otro). El juez debe designar a un defensor judicial para representar a la persona tutelada exclusivamente en estos actos.

La declaración de incapacidad puede promoverla:

  • La familia (ascendentes y descendientes directos, hermanos y cónyuges de la persona presuntamente incapaz o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable).
  • La misma persona objeto de protección.
  • El Ministerio Fiscal.
  • Cuando la persona es menor de edad, los padres o el tutor legal; y la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) en el caso de menores tutelados.
  • La Ley (artículo 183.3 del Código de Familia) prevé que cualquier persona, entidad u organismo no legitimado pueda poner en conocimiento del juzgado o del Ministerio Fiscal la situación en la que se halla la persona presuntamente incapaz.
  • Presentar inventario de los bienes en dos primeros meses de tutela y rendir cuentas e informar de la situación personal del tutelado anualmente.

Así, lo podrían hacer: la familia o los guardadores de hecho, el Ministerio Fiscal, los servicios sociales o de salud (dirigiéndose al Ministerio Fiscal), otros juzgados (a raíz de otros procedimientos judiciales) o las entidades tutelares.

En el año 2008, se creó el Protocolo de criterios de cribado antes de iniciar un proceso de incapacitación. Este instrumento se ha ido revisando y actualizando y es una herramienta muy valiosa para que los profesionales de servicios sociales y de salud puedan valorar las ventajas y/o inconvenientes que supondría para la persona el inicio de un procedimiento de incapacitación. Si la persona cumple los criterios mínimos establecidos, se propone pasar el caso a estudio para valorar la idoneidad o no de iniciar un proceso de incapacitación.

Tienen que vivir en el sitio que más les convenga, según sus necesidades y posibilidades. Si es posible mantener una calidad de vida digna en el propio domicilio, suele ser la mejor opción.

Pero, cuando no es posible, es preciso buscar otras opciones, incluyendo las opciones de centros residenciales de tipo social o sanitario.

No. Si las causas que motivaron la modificación de la capacidad desaparecen, se puede rehabilitar la capacidad de obrar.

También se puede solicitar al juez un cambio de tutor por causa motivada.

No. Son procedimientos administrativos independientes. La sentencia se obtiene vía judicial después de un juicio en el que se determina si existe o no una modificación de la capacidad de obrar. En cambio, el grado de discapacidad se solicita al Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, que realiza una valoración.

La discapacidad no implica incapacitación, pero sí se considera acreditado un grado de discapacidad igual o superior al 65 % cuando se trata de personas que han sido declaradas incapaces judicialmente.

Las entidades tutelares administran y gestionan el patrimonio de la persona, pero no son propietarias. Reciben patrimonio solo por designación en testamento, donaciones o cualquier otra fórmula, pero no por el hecho de proteger a una persona.

No. Los tutores ejercen los cargos de forma gratuita, excepto en los casos en los que se establezca expresamente una remuneración o retribución judicial, lo que requiere de aprobación judicial.

El servicio de tutela recibe una subvención del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat.

No. Las entidades tutelares procuran que la persona protegida haga frente, siempre que sea posible y como el resto de ciudadanos, a las deudas contraídas. Pero estas son de la persona y no de la entidad tutelar.

Hay una doble supervisión: la del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, que audita anualmente a las entidades tutelares subvencionadas, y la supervisión judicial con rendimiento de cuentas anuales.